Caso Sergio Urrego: ¿cómo evitar nuevas tragedias por ser gay?
Expertos hacen recomendaciones para proteger a jóvenes víctimas de matoneo por su condición sexual.

El suicidio el pasado 4 de agosto del joven Sergio Urrego en un centro comercial del noroccidente de Bogotá, que se dio al parecer por una persecución de la que habría sido víctima en su colegio tras conocerse que sostenía una relación sentimental con uno de sus compañeros, causa preocupación por el hecho de mezclar dos peligrosas características que bien pueden ser el diario vivir de cientos de adolescentes: acoso escolar y discriminación por la orientación sexual.
Ante esta compleja situación, se consultó a investigadores sobre temas de juventud y orientación sexual, para dar luces a aquellas familias con hijos que puedan estar en circunstancias como las que vivió el joven Urrego.
Leonardo Aja, miembro de la Corporación Buscando Ánimo (entidad que trabaja en la prevención del suicidio), considera que "es irrelevante el aparente motivo para el hostigamiento" del que fue víctima el joven. "Es irrelevante si el pretexto para el hostigamiento es la orientación sexual, la contextura física o el color de piel. Si se resalta uno u otro (tipo de acoso), sería restarle importancia a los demás", dijo.
"Los padres deben atender a las diferentes señales indicadoras de que el niño está siendo víctima y notificar al colegio. A su vez, la escuela esta obligada a intervenir de manera pronta y efectiva. Ahora bien, si la entidad que debe proteger es la que agrede, su responsabilidad se ve aumentada y por lo tanto la gravedad de las consecuencias de comprobarse que hubo acciones negligentes o imprudentes", afirmó Aja.
"¿Es mas grave el hostigamiento por orientación sexual y menos por la apariencia física?", preguntó, por otra parte, el investigador.
Por su parte, Laurent Marchal, psicólogo, sexólogo y profesor de la Fundación universitaria Konrad Lorenz, dijo que lo primero que deben hacer los padres de un hijo con preferencias homosexuales es "tener una puerta abierta al diálogo, sobre todo en los momentos en los que una persona (el menor) revela su orientación sexual. Esto permitirá que el niño pueda hablar con sus papás si en algún momento siente algún tipo de discriminación. El apoyo de los padres es la principal herramienta para manejar la situación", aseguró el docente, quien también destacó que tanto el Distrito (en el caso de Bogotá), como el Ministerio del Interior, ya han dispuesto grupos multidisciplinares, con sexólogos y psicólogos para proteger a la comunidad LGBTI.
Para Marchal, el problema en el caso de Urrego es mucho más de fondo, pues viene de un proceso de educación sexual muy mal manejado.
"Han asumido ciertos principios sin sustento científico (sobre la satanización de la homosexualidad), le han negado sus derechos sexuales y reproductivos y, en ese contexto, ni los padres, ni los alumnos, ni los profesores han sabido manejar la situación. Hasta la psicóloga del colegio, a mi modo de ver, ha cometido faltas", afirmó.
Este psicólogo sostiene que en los procesos de formación de niños y jóvenes hay barreras de tipo religioso que limitan una educación diversa. "Tenemos objeciones constantes de tipo religioso que no nos dejan tener un buen currículum. Un buen curso de educación sexual implica tolerancia y respeto por la diferencia", puntualizó.
Dar ejemplo en respeto a los derechos, la clave
Ángela María Rojas, doctora en psicología, quien trabaja en el proyecto Infancia, género y medios de la Universidad de los Andes, considera que proteger a los jóvenes del maltrato psicológico, verbal o físico no es solo de los padres, sino de docentes, medios de comunicación, instituciones y comunidad. "Toda persona adulta, madre, padre, docente o vecino, al conocer cualquier situación de violencia contra un menor de edad, debe atender al hecho de manera inmediata, contribuir a buscar las causas, así como las posibles soluciones, y denunciar el hecho ante las autoridades competentes", dijo.
Rojas destaca que para promover una sociedad libre de violencia contra las orientaciones sexuales diversas, "los adultos que rodean a las niñas, los niños y jóvenes deben mostrar con su ejemplo diario que todas las personas tienen el derecho a:
1. Vivir libres de toda clase de violencia, coacción o abuso.
2. Tener acceso a información y servicios de salud sexual de calidad.
3. Pleno respeto por la integridad física del cuerpo y sus expresiones sexuales.
4. Expresar libre y autónomamente su orientación sexual".
Esta investigadora hizo un llamado a "remitir a las y los jóvenes a consultar fuentes de información de calidad si se considera que no se cuenta con formación precisa sobre la homosexualidad o las orientaciones sexuales diversas" y aseguró que una de las fuentes que puede ofrecer contenidos confiables es la página del Ministerio de Educación a través del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC).
En suicidas, el acoso escolar es tan riesgoso como consumo de sustancias
El informe Forensis 2013 de Medicina Legal, en su capítulo 'Acoso escolar: lo evidente detrás de lo aparente', dio a conocer que en Colombia, aunque las cifras de suicidio son bajas respecto a otros países y se mantienen relativamente estables (3,5 casos por cada 100.000 habitantes), se mantiene la constante de que la mayoría de casos se dan en el rango comprendido entre los 15 y los 24 años.
En el texto se hizo énfasis en que para una persona con tendencias suicidas ser víctima de acoso es un factor de riesgo para un desenlace fatal tan grave como el consumo de sustancias alcohólicas o psicoactivas.
El documento, que no ahondó en buscar explicaciones al porqué de dicha situación, planteó matices para la reflexión en torno a la relación matoneo-suicidio, entre las cuales se destaca el hecho de que si se considera al acoso escolar como un factor determinante en la ocurrencia de un suicidio, él o los agresores deben asumir responsabilidades por dicha muerte ante la ley o en caso de ser menores de edad, dejarlas en manos de sus padres.
En ese sentido precisamente, la semana anterior un juez de Bogotá condenó al joven Nicolás Hernández por lesiones personales agravadas después de que en 2009 dejara en silla de ruedas a su compañera de estudio, Yadira Perdomo. Un precedente para el acoso escolar en el país y un camino en demandas similares que vengan en el futuro, como la que Ángela Altamiranda, madre de Yadira, va a interponer contra el colegio en el que estudiaba su hija por no prevenir las sistemáticas burlas, que se salieron de control cuando la hicieron caer de una altura de tres metros mientras ella buscaba los inhaladores que le acababan de esconder.