Hace apenas dos meses todo parecía viento en popa para el presidente de México, Enrique Peña Nieto, durante su primer año y medio de gobierno.

Alcanzó logros de una trascendencia histórica, como las llamadas reformas estructurales del país –atoradas durante años en el Congreso–, entre las que están la apertura del sector energético a la inversión privada, el aumento de la competencia en las telecomunicaciones y las reformas laborales, de educación y del sector financiero, que le merecieron la portada de la revista Time en febrero pasado con el titular ‘Saving Mexico’ (‘Salvando a México’).

Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) veían con buenos ojos el comportamiento económico del país y lo destacaban como ejemplo para otros mercados emergentes.

Sin embargo, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero), el 26 de septiembre pasado, se ha convertido en el gran descalabro de Peña Nieto, pues este hecho demostró la colusión, corrupción e ineficacia de las autoridades locales y federales para atender el asunto, que ha sido calificado como un crimen de Estado tanto por la sociedad en su conjunto, como por diversos organismos internacionales de derechos humanos.

La actuación del Presidente ante estos hechos ha sido calificada, dentro y fuera del país, como “tardía, tibia y negligente”, pues el mandatario salió cuatro días después de que ocurrieron los hechos a deslindarse y asegurar que el asunto era de un nivel local y que ahí debía resolverse. Después reculó y la Procuraduría General se hizo cargo del asunto. Nueve días más tarde...

‘Un caso de gravedad’

De hecho, Ariel Dulitzky, el presidente del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, dijo que “México sabe mejor cuántos galones de petróleo exporta al día que cuántas personas desaparecidas tiene en su país”.

A estas declaraciones se sumaron las de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, quien dijo que “la regla en México es la impunidad y el caso Iguala es de gravedad extrema, pero es un síntoma de una crisis profunda que arrastra México en materia de derechos humanos”.

Al caso de Ayotzinapa se agrega otro, ocurrido en junio, en Tlatlaya (estado de México) y al que se ha tachado también de “crimen de Estado”.

En él, tres militares están acusados de ejecutar a ocho presuntos delincuentes cuando ya había terminado un enfrentamiento para recuperar a víctimas de secuestro.

Las multitudinarias manifestaciones callejeras se han multiplicado en varias ciudades del país. Por las redes sociales se ha organizado la realización de paros de actividades escalonados en diversos sindicatos y universidades, con los que los ciudadanos exigen un alto a la violencia.

“Los mexicanos están comprensiblemente indignados con un gobierno que ha fracasado en dar seguridad, respetar el Estado de derecho, lograr que los criminales respondan por sus actos y garantizar que haya justicia para las víctimas y sus familias”, dijo esta semana The New York Times en su editorial titulado ‘Ley y orden en México’.

Por su parte, Peña Nieto ha anunciado que convocará la firma de un acuerdo por la seguridad y el Estado de derecho, que incluya compromisos de los gobiernos estatales contra el crimen, reformas legislativas y participación de la sociedad civil contra la corrupción. Además, ayer adelantó su regreso de una criticada gira por China y Australia, para enfrentar la crisis.

Lo de Iguala no es lo único. Ya un estudio del Pew Research Center había mostrado que la percepción positiva sobre el mandatario comenzó a caer a principios de año, pues pasó de 57 por ciento en el 2013 a 51 en el 2014.

Esto ocurrió por dos razones. Primero, porque existe la impresión de que la economía del país y la personal, van mal.

Segundo, porque el mexicano de a pie ve en la inseguridad el talón de Aquiles de la administración. Las encuestas señalan que México está en el peor momento del sexenio, pues consideran que la violencia va en aumento.

A todo esto se suma la polémica desatada por la lujosa residencia de su esposa, avaluada en 7 millones de dólares, construida por un consorcio empresarial mexicano que el 3 de noviembre había ganado la concesión para hacer el tren rápido México-Querétaro en conjunto con las empresas paraestatales chinas China Railway Construction Corporation, China Railway Construction Corporation International y CSR Corporation Limited, que están asociadas con cuatro empresas locales.

Círculos políticos

Pero la concesión fue revocada intempestivamente cuatro días después por el gobierno mexicano, con el argumento de dar “transparencia” al proceso licitatorio, al que, por cierto, el consorcio chino, en conjunto con el mexicano, fue el único en postularse, después de que otras 16 empresas declinaran la convocatoria arguyendo que el Gobierno había dado poco tiempo.

Esta medida ha sido ligada, en círculos políticos y empresariales mexicanos, a la revelación periodística de la existencia de dicha residencia, conocida como ‘la Casa Blanca’ de Peña Nieto.

Aunque aparentemente este ha limado asperezas con China con su visita de Estado a Pekín, aún queda en el aire la respuesta china de exigir el pago de una millonaria indemnización por daños y perjuicios.

Así las cosas, las elecciones intermedias del 2015 podrían representar una dura prueba para el presidente, su partido, el PRI, y los demás partidos políticos, si es que los ciudadanos deciden darles la espalda en las urnas, como lo sugiere el activista social Javier Sicilia.

Encuentran a sacerdote ugandés en fosas

Chilpancingo (AFP). El sacerdote ugandés John Ssenyondo, misionero desde hace seis años en México, fue identificado como uno de los 13 cadáveres hallados en una fosa clandestina, a más de 200 km de Iguala, informó la diócesis de Chilpancingo.

Ssenyondo habría sido asesinado tras celebrar una misa en una comunidad rural.